Claudia Sheinbaum Pardo: A Dos Años del Triunfo
Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo
A dos años del triunfo electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de su gestión orientado bajo los principios del humanismo mexicano, la austeridad republicana y la soberanía nacional. En un entorno internacional complejo, la administración reportó una economía sólida y un dinamismo comercial favorable, destacando una inversión extranjera directa récord de 23,591 millones de dólares, el fortalecimiento del peso a 14.40 por dólar y una tasa de desempleo de solo 2.5%. En el ámbito social, los Programas para el Bienestar alcanzaron una cobertura histórica de más de 42 millones de beneficiarios mediante una inversión superior al billón de pesos, priorizando a los sectores más vulnerables y garantizando la entrega directa de recursos. Asimismo, se subrayaron avances significativos en la infraestructura pública, tales como la construcción de vivienda accesible, la tecnificación de distritos de riego y la expansión masiva de más de 4,200 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. Finalmente, en materia laboral y de justicia, la presidenta enfatizó la dignificación histórica del salario mínimo, la reforma de la semana laboral de 40 horas y la firme defensa de la soberanía nacional frente a campañas de desinformación e intentos de injerencia extranjera.
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Principios de Gobierno, Austeridad y Combate a la Corrupción
La presidenta destacó que la administración se conduce bajo los principios de honradez, austeridad republicana y un profundo compromiso social, asegurando que los recursos públicos pertenecen exclusivamente al pueblo y no a los gobernantes. Remarcó un cambio drástico respecto al régimen neoliberal del pasado, caracterizado por privilegios, excentricidades, pensiones millonarias y el uso de la fuerza del Estado para reprimir. Bajo el lema de “gobernar obedeciendo al pueblo”, se enfatizó el fin de la administración de privilegios para las élites y las oligarquías.
Asimismo, se contrastó la gestión actual con administraciones anteriores, señalando episodios del pasado como las represiones en San Salvador Atenco y Oaxaca durante el sexenio de Fox, así como el fraude electoral de 2006 y la fallida estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Frente a esos antecedentes, el gobierno actual promueve una cercanía constante mediante recorridos por el territorio nacional y un diálogo abierto y transparente con la ciudadanía, libre de censura.
Sustento electoral inicial: Cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos respaldaron el proyecto en las urnas hace dos años.
Tiempo de gestión: Resumen correspondiente a los primeros 20 meses de gobierno.
Reducción de gasto: Disminución del 10% en el gasto corriente del gobierno.
Recaudación fiscal: Incremento de la recaudación en 4.8% en términos reales, sin necesidad de aumentar impuestos.
Presencia territorial: Recorridos por el país durante 3 días a la semana para atender directamente a la población.
Conferencias de prensa: Realización de 409 conferencias mañaneras del pueblo para informar con transparencia.
Cobertura geográfica del informe: Presencia y saludo a ciudadanas y ciudadanos de 31 entidades federativas y la Ciudad de México (con excepción de Coahuila por motivos electorales).
Economía, Inversión y Finanzas Públicas
A pesar de un entorno internacional complejo, caracterizado por las políticas arancelarias de Estados Unidos y el conflicto en Irán, la economía mexicana se reporta como estable, sólida y en crecimiento. El modelo del humanismo mexicano y la economía moral busca fortalecer la distribución de la riqueza desde las bases, interviniendo activamente el Estado para garantizar los derechos sociales y promover los sectores estratégicos del desarrollo nacional en lugar de dejar todo a la inercia del mercado.
Los indicadores macroeconómicos muestran un dinamismo comercial favorable, reflejado en el repunte del turismo, el incremento de las exportaciones y una balanza comercial positiva tras un largo periodo histórico. Además, la implementación de nuevas normativas legales y los acuerdos estratégicos entre el sector privado, social y gubernamental han permitido mitigar los efectos de la inflación y dar certidumbre a las inversiones públicas y mixtas para el cierre del año.
Inversión Extranjera Directa (IED): Récord de 23,591 millones de dólares captados en el primer trimestre de 2026.
Crecimiento de IED: La cifra del primer trimestre de 2026 representa un incremento del 10.4% en comparación con el mismo periodo de 2025.
Desempleo: Tasa de desocupación ubicada en solo 2.5% según datos del INEGI, posicionando al país entre los tres con menos desempleo a nivel mundial.
Creación de empleo: Registro de 669,000 nuevos puestos de trabajo formal, siendo abril de 2026 el mes de abril con el empleo formal más alto en la historia de México.
Precios de la canasta básica: Reducción del 12% en términos reales en el precio de 24 artículos de la canasta básica respecto al año 2024.
Tipo de cambio: Fortalecimiento del peso mexicano, cotizando en 14.40 pesos por dólara, frente a los 19.65 pesos por dólar registrados un año antes (lo que la convierte en la segunda moneda más apreciada del mundo frente al dólar).
Deuda pública: Los requerimientos financieros del sector público se situaron en el 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026.
Déficit público: Reducción del déficit en un 1.5% respecto al PIB durante el año 2025.
Consumo interno: Incremento del 4.1% en las ventas totales de las tiendas de autoservicio (según la Asociación de Tiendas de Autoservicio) durante el primer trimestre de 2026.
Turismo: Incremento del 10.2% en el sector turístico durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior.
Incentivo a la inversión: Aprobación de la ley para la inversión enfocada en acelerar proyectos públicos y mixtos para el segundo semestre de 2026.
Política Laboral y Derechos de los Trabajadores
La base trabajadora del país experimenta un periodo denominado “primavera laboral” desde el año 2019, caracterizado por una dignificación histórica del poder adquisitivo y la ampliación de los derechos de previsión social. La implementación de políticas de ajuste salarial focalizadas ha permitido reducir la pobreza laboral a sus niveles mínimos históricos, logrando resarcir el rezago económico heredado de las décadas pasadas.
La legislación laboral ha avanzado significativamente hacia la inclusión de nuevas modalidades de empleo y la justicia contractual, incorporando de manera formal al seguro social a los prestadores de servicios de plataformas digitales con esquemas avanzados de reparto de utilidades. Asimismo, se han fortalecido las condiciones de los jornaleros agrícolas para la exportación y se consolidaron reformas fundamentales para optimizar el tiempo de descanso y el ahorro para el retiro.
Evolución del salario mínimo: Incremento del salario mínimo mensual general, pasando de 2,650 pesos en 2018 a más de 9,500 pesos en 2026 (un aumento del 154% en términos reales).
Salario mínimo en la frontera norte: El ingreso mínimo mensual en la zona fronteriza del norte del país alcanzó los 13,226 pesos.
Salario medio nacional: Registro de un máximo histórico de 20,212 pesos mensuales para el salario promedio formal.
Pobreza laboral: Reducción al mínimo histórico registrado desde el año 2005.
Jornada laboral: Aprobación legal de la semana laboral de 40 horas.
Previsión social y retiro: Creación y puesta en marcha del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Programas para el Bienestar y Desarrollo Social
Los Programas para el Bienestar se han consolidado como el eje central de la redistribución del ingreso y el combate a la desigualdad, operando a través de una asignación presupuestal sin precedentes ejecutada de manera directa mediante la banca pública. Esta política social cubre de forma prioritaria a los sectores más vulnerables de la población, tales como adultos mayores, mujeres en edad de transición, personas con discapacidad y jóvenes en capacitación laboral.
En el ámbito rural y agrícola, el gobierno orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de la soberanía alimentaria, apoyando financieramente y de manera directa a los productores de pequeña y mediana escala. Mediante la entrega de insumos gratuitos y subsidios directos a sembradores de granos básicos, cacao y miel, se busca incrementar la producción nacional, disminuir la dependencia externa y regular el mercado con precios justos para la alimentación familiar.
Inversión y beneficiarios totales: Inversión histórica de 1 billón 30,000 millones de pesos destinados a 42,860,296 derechohabientes al cierre de 2026, distribuidos a través del Banco del Bienestar.
Pensión para adultos mayores: Estimación de 14,100,000 adultos mayores incorporados al sistema de pensiones al término de 2026.
Pensión Mujeres Bienestar: Cobertura proyectada de 3 millones de mujeres de 60 a 64 años inscritas en el programa para finales de año.
Personas con discapacidad: Entrega de apoyos permanentes a 2 millones de personas.
Jóvenes Construyendo el Futuro: Participación activa de medio millón de jóvenes en el programa de capacitación.
Apoyo a la pesca: Beneficio directo a cerca de 200,000 pescadores mediante el programa Bienpesca.
Apoyos al campo y producción:
1,889,000 campesinos reciben el apoyo directo de Producción para el Bienestar.
Más de 2 millones de productores reciben fertilizantes gratuitos.
445,000 personas trabajan en el programa Sembrando Vida.
Metas de producción agrícola:
Incremento de 300,000 toneladas en la producción de frijol respecto al año anterior, logrando la meta del Plan México.
Incremento mínimo de 2 millones de toneladas en la producción nacional de maíz.
Abasto social: Distribución de leche a bajo costo para beneficio de 7 millones de familias.
Educación y Magisterio
La transformación educativa se promueve bajo la premisa de la universalidad y la gratuidad, eliminando barreras de acceso económico y administrativo en los niveles básico, medio superior y superior. Se destaca la entrega generalizada de becas estudiantiles en escuelas públicas y la reestructuración del sistema de bachillerato, suprimiendo los exámenes de admisión tradicionales en la preparatoria pública con el fin de garantizar que los jóvenes permanezcan dentro de los planteles educativos cercanos a sus hogares.
A la par de los beneficios estudiantiles, la política educativa contempla la dignificación de los derechos laborales del magisterio mediante incrementos salariales por encima de la tasa inflacionaria y procesos de basificación masiva. Asimismo, se anunció la eliminación de las restricciones administrativas que limitaban la movilidad de los docentes, comprometiéndose a disolver formalmente los mecanismos restrictivos de la USICAMM durante el presente año.
Becas estudiantiles por nivel:
Cobertura del 100% de estudiantes de secundaria pública con la Beca Rita Cetina.
Cerca de 8 millones de estudiantes de primaria pública beneficiados con becas este año.
Cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior con la Beca Benito Juárez.
Meta de 1 millón de estudiantes universitarios incorporados a la Beca Gertrudis Bocanegra entre este año y principios del próximo.
Inversión en infraestructura (La Escuela es Nuestra): Recursos directos entregados a más de 73,000 planteles de educación básica y media superior por un total de 26,000 millones de pesos.
Ampliación de la matrícula para el cierre de 2026:
Creación de 200,000 nuevos espacios en educación media superior mediante 484 obras a nivel nacional.
Creación de 100,000 nuevos espacios en nivel superior mediante las Universidades Benito Juárez y Rosario Castellanos.
Dignificación magisterial:
Otorgamiento de un 19% de aumento salarial a los maestros de educación básica durante el periodo 2025-2026 (más del doble de la inflación).
Otorgamiento de bases laborales a cerca de 1.2 millones de maestros desde 2019 a la fecha.
Salud Pública y Vivienda
En materia de salud, el gobierno trabaja en la recuperación del sector público enfocado en la unificación y consolidación de las instituciones IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. El objetivo central planteado para el año 2027 consiste en establecer un verdadero sistema universal de salud, totalmente gratuito y accesible, que permita a cualquier ciudadano recibir atención médica y hospitalaria independientemente de su condición de derechohabiencia, iniciando ya los procesos de credencialización masiva.
Por su parte, la política de vivienda se enfoca en resarcir el rezago patrimonial de los sectores de menores ingresos mediante la edificación de conjuntos habitacionales accesibles. Adicionalmente, se destacó la reestructuración y corrección de carteras crediticias heredadas de administraciones pasadas, liberando a millones de familias de deudas financieras acumuladas que resultaban legal y económicamente impagables.
Infraestructura de salud: Puesta en operación de 29 nuevos hospitales, 10 unidades de medicina familiar y 35 centros de salud y consultorios en los primeros 20 meses de gobierno.
Modernización: Habilitación de 70 quirófanos modernos en la red pública.
Inversión comunitaria (La Clínica es Nuestra): Destinación de 26,000 millones de pesos en los últimos dos años.
Abasto de insumos: Distribución de 1,700 millones de piezas de medicamentos gratuitos, alcanzando un 85% de abasto general y un 95% en tratamientos específicos para el cáncer.
Atención médica domiciliaria (Salud Casa por Casa): Despliegue de 20,000 profesionales de la salud que han realizado 18 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad.
Formación de especialistas: Ingreso de 19,000 jóvenes médicos a la residencia de especialidad este año (el triple de lo registrado en el periodo neoliberal).
Consolidación del IMSS-Bienestar: Implementación formal y despliegue del sistema en 24 estados de la República Mexicana.
Metas y avances de Vivienda para el Bienestar:
Meta global de construcción de 1,800,000 viviendas destinadas a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
Avance actual de más de 1 millón de casas en proceso de construcción.
Justicia crediticia: Liberación de más de 5 millones de familias que se encontraban atrapadas en créditos de vivienda impagables.
Derechos de las Mujeres, Pueblos Indígenas y Afromexicanos
La presidenta reivindicó el avance sustantivo de las mujeres en la Constitución, las leyes y los espacios de toma de decisiones fundamentales del país, definiendo este logro como un orgullo histórico de la actual administración. Se subrayó la implementación de una estrategia nacional de difusión de los derechos civiles, políticos y sociales de las mujeres, así como la expansión de la infraestructura destinada a garantizar espacios libres de violencia y asesoramiento integral.
Con respecto a los pueblos indígenas y afromexicanos, se anunció el inicio de una nueva etapa de justicia social caracterizada por reformas constitucionales y la formulación de una nueva Ley General, la cual será sometida a consulta pública a la brevedad. La política estatal rompe con los esquemas de intermediación del pasado, transfiriendo los recursos de infraestructura y desarrollo comunitario de manera directa a las asambleas locales para su libre determinación.
Espacios de atención ciudadana: Meta de apertura y consolidación de 100 centros libres en todo el territorio nacional durante este año.
Difusión de derechos: Distribución oficial de 27 millones de cartillas de derechos de las mujeres.
Consulta legal: Lanzamiento el próximo mes de la consulta pública para la Ley General de Pueblos Indígenas.
Presupuesto directo indígena: Entrega directa de más de 25,000 millones de pesos a un total de 19,000 comunidades indígenas en un periodo de dos años.
Preservación cultural: Fortalecimiento y fomento de las lenguas originarias a través de 400 centros especializados.
Soberanía Energética
El informe subrayó la recuperación de la soberanía energética mediante el rescate y fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), devolviéndoles su carácter de empresas públicas al servicio del desarrollo nacional en oposición a los intentos de privatización previos. Las inversiones se enfocan en incrementar la capacidad de refinación local y asegurar el suministro de hidrocarburos e insumos agrícolas a precios accesibles para mitigar crisis internacionales.
Adicionalmente, se planteó un compromiso para diversificar la matriz energética del país, incrementando de forma progresiva el uso y participación de fuentes de generación eléctrica sustentable y renovable. De forma paralela, se prioriza la justicia social energética mediante la electrificación de comunidades que históricamente carecieron del servicio básico de luz.
Ampliación de infraestructura eléctrica (CFE):
Incorporación de 6 nuevas plantas de ciclo combinado con una capacidad operativa de 3,000 MW.
Meta de incorporación de 32,000 MW adicionales al concluir el sexenio.
Transición energética: Compromiso de elevar la participación de energías renovables en la generación eléctrica nacional del 24% a por lo menos el 38%.
Electrificación rural: Extensión de la red eléctrica a 13,893 comunidades históricamente aisladas.
Saneamiento financiero de Pemex: Reducción de la deuda financiera de la empresa en 20,000 millones de dólares.
Refinación y producción: Procesamiento actual de más de 1.3 millones de barriles diarios en el Sistema Nacional de Refinación (gracias a la adquisición de Deer Park y la refinería Dos Bocas).
Proyectos e infraestructura de refinación: Conclusión de las plantas coquizadoras de Tula y Salina Cruz, y rescate de la petroquímica nacional mediante los proyectos Escolín, Camargo y Cangrejera.
Infraestructura, Caminos y Sistema Ferroviario
El desarrollo de la infraestructura nacional muestra avances significativos en la red carretera libre de peaje a través de programas masivos de repavimentación y el desarrollo de conectores estratégicos regionales en coordinación con las comunidades locales. Destaca el uso del modelo de caminos artesanales construidos de forma directa por municipios indígenas en estados como Oaxaca y Puebla, impulsando la integración territorial del país.
El eje central de la movilidad de la administración es el “despertar del ferrocarril mexicano”, consolidando el regreso de los trenes de pasajeros que habían sido desaparecidos durante el periodo neoliberal. El despliegue de nuevas vías férreas y la modernización del transporte aéreo a través de aerolíneas públicas buscan transformar la conectividad de carga y de pasajeros en todo el territorio nacional, contando para ello con el apoyo del cuerpo de ingenieros militares y navales.
Mantenimiento vial: Avance del 30% en la repavimentación y mantenimiento de los 43,000 kilómetros de carreteras libres de peaje de todo el país.
Caminos artesanales: Construcción de 135 caminos artesanales en comunidades indígenas, equivalentes a 368 kilómetros de extensión, junto con la intervención de 11 kilómetros adicionales en la Mixteca de Oaxaca y Puebla.
Obras concluidas y en licitación: Finalización de 5 obras carreteras estratégicas a nivel nacional, la reconstrucción y operación de 78 puentes, y el inicio de licitaciones para cerca de 20 proyectos viales adicionales.
Expansión del sistema ferroviario:
Meta combinada de construcción de más de 4,200 kilómetros de nuevas vías férreas de pasajeros.
El Tren Insurgente (tramo Santa Fe-Observatorio) ha transportado a más de 20 millones de pasajeros.
El Tren Lechería-AIFA se consolida con un flujo cercano a 1 millón de pasajeros.
El Tren Maya reporta la movilización de 2.5 millones de pasajeros.
Transporte aéreo (Mexicana de Aviación): Registro de 1 millón de pasajeros transportados, con la proyección de triplicar la cifra tras la próxima incorporación de 14 nuevos aviones.
Derecho Humano al Agua e Infraestructura Hidráulica
La presidenta denunció el acaparamiento y la corrupción derivados de la ley de aguas de 1992 aprobada durante el sexenio de Salinas de Gortari, la cual privatizó y comercializó este recurso vital. En contraposición, destacó la promulgación de una nueva Ley de Aguas Nacionales que desprivatizó importantes volúmenes de agua para restituirlos a la nación, permitiendo la asignación formal de derechos a municipios fronterizos y a pequeños productores agrícolas para el uso legítimo de sus pozos.
El gobierno ejecuta un plan nacional de infraestructura hidráulica que abarca la realización de obras en miles de municipios con fines de potabilización, saneamiento ambiental y control de inundaciones. La estrategia integral incluye tanto grandes proyectos de acueductos y presas en diversas entidades de la República como la modernización técnica de los distritos de riego para optimizar el consumo de agua en el sector agropecuario.
Desprivatización: Recuperación de más de 4,600 millones de metros cúbicos de agua que se encontraban concentrados en pocas manos (restituyendo derechos a las ciudades de Tijuana y Mexicali, así como a pequeños campesinos).
Cobertura municipal: Desarrollo de obras hidráulicas en un total de 2,183 municipios del país.
Infraestructura y tecnificación:
Tecnificación agrícola de 250,000 hectáreas de riego.
Ejecución de 14 proyectos estratégicos de agua potable, saneamiento y protección contra inundaciones (destacando acueductos, presas y planes de justicia locales).
Saneamiento ambiental: Construcción de 23 plantas de tratamiento y obras conexas orientadas a la recuperación ecológica de los ríos Lerma, Santiago y Atoyac-Tula.
Relaciones Exteriores, Soberanía Nacional y Política de Seguridad
Sheinbaum denunció la existencia de campañas de desinformación financiadas por sectores conservadores nacionales e internacionales a través de plataformas digitales automatizadas con el objetivo de alterar la percepción pública. Asimismo, fijó una postura enérgica contra los intentos de injerencia extranjera tras la solicitud estadounidense de extradición de funcionarios electos mexicanos sin pruebas públicas. Reiteró que México es un país libre, independiente y soberano que colabora con otras naciones bajo principios de respeto mutuo y autodeterminación, pero que rechaza categóricamente cualquier tipo de subordinación o intervención en sus asuntos internos.
En materia de seguridad interior, el informe diferenció la estrategia actual de las políticas de guerra aplicadas en el pasado, definiendo la doctrina oficial como la construcción de la paz con justicia mediante la atención directa a las causas sociales y a la juventud. No obstante, se subrayó que existe firmeza en el combate a la delincuencia y a la colusión institucional, procediendo de forma legal contra funcionarios de cualquier filiación política. Para coadyuvar en la reducción de la violencia regional, urgió a las autoridades estadounidenses a frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y a contener la crisis interna de consumo de drogas en su propio territorio.
Disminución de la criminalidad: Reducción del 49% en homicidios dolosos y del 20% en delitos de alto impacto en los primeros 20 meses de la administración.
Caso diplomático de Chihuahua: Denuncia del fallecimiento accidental, el pasado 19 de abril, de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial junto a dos mandos de la fiscalía local, hecho investigado por la FGR.
Solicitudes de extradición: Denuncia sobre la solicitud urgente de captura con fines de extradición emitida por el Departamento de Justicia de EE. UU. contra 10 ciudadanos mexicanos (incluyendo un gobernador, un alcalde y un senador en funciones) sin presentación pública de pruebas.
Convocatoria política: Llamado a la ciudadanía a realizar asambleas informativas en plazas públicas a partir de la próxima semana para defender la soberanía y la transformación del país.
Conclusión:
La rendición de cuentas refleja la consolidación de un modelo político y económico que prioriza la redistribución de la riqueza desde las bases sociales hacia el desarrollo estratégico del país. Al contrastar de manera sistemática los indicadores actuales con las políticas del periodo neoliberal, el discurso gubernamental legitima la continuidad de la llamada “cuarta transformación” a través de resultados tangibles en empleo, estabilidad macroeconómica y cobertura de derechos fundamentales. La gestión se proyecta no solo como una administración eficiente de los recursos públicos mediante la austeridad, sino como un proyecto de Estado soberano que busca blindar los bienes nacionales —como el agua, la energía y las vías de comunicación— bajo el control público y comunitario, reafirmando una postura de colaboración internacional basada estrictamente en el respeto mutuo y la autodeterminación.
